miércoles, 2 de octubre de 2013

Familia y Educación

Me encantaría ver un operativo criminal, de esos que hacen los federales, pero en el Departamento de Familia y en el de Educación. No, no se trata de arrestar a los que se roban dinero porque eso ya ha pasado. Lo que quisiera es verlos arrestando a funcionarios ineptos, que por su incompetencia y dejadez criminal, han permitido y permiten que miles de niños, envejecientes y personas con impedimentos sean víctimas del maltrato y de vejámenes por el propio sistema.

Hasta que en Puerto Rico no metan preso a un secretario de gabinete, a sus soplapotes, y a esos empleados ineptos, el caos va a seguir.
 
Cuando algún gobierno tenga los pantalones y la VOLUNTAD de empezar a exigir responsabilidades y a que los empleados rindan cuentas de sus malos manejos, esto empezará a cambiar.
 
Por eso pregunto, ¿cuáles son las verdaderas prioridades? ¿Mejorar o mantener el caos? ¿Es prioridad el resolver los problemas o crear estructuras y gobiernos paralelos para los grupos que mantienen el control de la sociedad tras bastidores, como si movieran hilos ocultos, y mueven a su antojo al país como marionetas? Eso, entiendo yo, es evidente en dos de las agencias más cruciales: Familia y Educación.


Tomemos el caso del Departamento de la Familia. El caos institucional en esa dependencia es histórico. Cada vez que cambia una administración de gobierno se cambia la filosofía de trabajo. Aunque esto es normal e incluso, un derecho constitucional, lo cierto es que con cada cambio no se dan seguimiento a los programas ya establecidos y los casos se quedan en el aire. Las repercusiones de esto son, a mi juicio, crímenes por los que deberían ser juzgados los distintos jefes que han pasado por esa agencia.
 
La semana pasada la senadora Rossana López presentó una noticia escandalosa pero que aquí como que no importó. Dijo que referirá al Departamento de Justicia a siete empleados que respondían a la ex titular de la agencia, Yanitzia Irizarry, y que bajo un esfuerzo concertado cerraron miles de querellas de maltrato a niños y a personas de edad avanzada. Se refería a los 47,000 referidos de maltratos a niños (42,000) y a envejecientes o personas con impedimentos (5,000) que fueron cerrados. Uno ve las cifras y como que no entiende las implicaciones de esos casos.
Se trata de niños que quizás fueron golpeados o hasta violados, pero que como alguien en Familia decidió no investigar, quedó en nada. ¿Qué pasó con esos niños? ¿Estarán vivos? ¿Los seguirán maltratando o ya son otras cifras en las estadísticas de más de 1,000 asesinatos al año? ¿Y a los envejecientes maltratados? ¿Alguien los ayudó o siguen siendo hoy víctimas mudas de un sistema que los calla?
 
Irizarry se defendió y la actual secretaria Idalia Colón, reconoció que no tienen personal porque se quedaron cortos con la resaca que dejó la Ley 7. Como alternativa se sabe que seguirán contratando a las empresas de intereses particulares que están asumiendo el rol que debía tener el propio Departamento de la Familia, pero también se sabe que hay unas cuantas pesquisas federales pendientes y quizás por ahí algo reviente.
 
¿Y en Educación? Ahora un grupo de legisladores están enfrascados en analizar el Plan Decenal que no es otra cosa que ceder el control de la agencia a la entidad privada que representa la Agenda Ciudadana. Y en ese proceso pretenden llevarse por el medio a sectores con los que primero deberían contar, como son los maestros, el propio Departamento, y ciertamente, la tercera parte de la población que es la de Educación Especial.
 
Sobre este último tema, quisiera ver yo algún día, por lo menos un aguaje, de poner en cintura a esos funcionarios de Educación que no les importa si el niño con autismo recibió su terapia, si la oficina de Educación Especial queda en un segundo piso sin asesor, o si el joven adulto en silla de ruedas puede entrar a su salón de clase sin necesidad de que sea cargado por unas escaleras porque no hay rampa de impedidos. Este tipo de cosas que parecen sacadas de una película de horror pasan a diario. Lo irónico es que el presupuesto de Educación Especial de más de $400 millones está, pero parece que se pierde. El día en que empiecen a arrestar a empleados por ineptos, quizás esto cambia.
El día en que vengan las guaguas de la redada, quizás esto empiece a cambiar.
 
Publicado en El Vocero el 18 de septiembre de 2013 - http://www.vocero.com/familia-y-educacion/

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